Muere en La Haya Félicien Kabuga, acusado de instigar y financiar el genocidio en Ruanda El empresario, de 93 años, llamó a matar a tutsis y hutus moderados desde la Radiotelevisión Libre de la Mil Colinas, alentando una masacre que dejó cerca de 800.000 muertos Félicien Kabuga, de 93 años, el empresario ruandés acusado de instigar y financiar el genocidio en su país en 1994 —que costó la vida a unos 800.000 miembros de la etnia tutsi y hutus moderados—, falleció el sábado en un hospital de La Haya (Países Bajos). Aunque el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) le acusó formalmente en 1997, Kabuga consiguió burlar a la justicia durante dos décadas, hasta que fue descubierto en París en mayo de 2020 y trasladado a La Haya. Para entonces, el TPIR había cerrado ya sus puertas. El genocidio, no obstante, es un delito que no prescribe, y el tribunal dispone de un mecanismo para continuar su labor desde Países Bajos. En todo caso, Kabuga no fue finalmente juzgado, por padecer demencia, y tampoco había sido trasladado a Ruanda debido a su estado de salud y a las dudas sobre su seguridad. Entre abril y junio de 1994, cerca de 800.000 tutsis y hutus considerados moderados fueron asesinados, y cerca de un millón de personas tuvo que refuigarse en los países vecinos para escapar de la masacre. El genocidio fue desatado tras la muerte del entonces presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, que era hutu, cuando su avión fue derribado por un misil tierra-aire. Murió también su acompañante, Cyprien Ntaryamira, presidente de Burundi. Las matanzas comenzaron en cuestión de horas por parte de las Fuerzas Armadas ruandesas y de la milicia extremista hutu interahamwe, que fue el principal brazo ejecutor del genocidio. Félicien Kabuga, de la etnia hutu, era uno de los hombres más ricos de Ruanda gracias a sus negocios con plantaciones de café y té. Fundó la Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, que operó entre 1993 y 1994, y desde allí incitó al odio contra los tutsis, según el pliego acusatorio de la Fiscalía del TPIR, con sede en Arusha (Tanzania). También estaba acusado de haber creado el Fondo de Defensa Nacional para surtir de machetes a la milicia interahamwe. La emisora de radio servía para proporcionar la ubicación de las víctimas y para pedir la eliminación de los tutsis, que eran llamados “cucarachas”. El discurso del odio alcanzó a todos: hombres, mujeres, niños, ancianos o enfermos fueron abatidos a machetazos o quemados vivos. Kabuga desapareció durante dos décadas, con señales de que pudo haber estado en Kenia, Madagascar y Burundi, según la Fiscalía del TPIR. Fue visto incluso en Alemania, adonde acudió para someterse a una operación en 2007, y Estados Unidos ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier pista que pudiera llevar a su arresto. Cuando ya tenía 84 años y su nombre parecía haber caído en el olvido, un 16 de mayo de 2020 abrió la puerta de su casa, en un suburbio de París. El TPIR había seguido su pista durante todo ese tiempo a través de África y Europa, y el anciano se encontró con la policía en el rellano. En la detención colaboraron varios países e Interpol, y los investigadores vigilaron a los hijos de Kabuga hasta localizarlo bajo una identidad falsa y en posesión de un pasaporte de un país africano no identificado. La pandemia y el confinamiento por el coronavirus permitió a los agentes centrarse en seguir su rastro. Más de mil genocidas buscados La sorpresa de sus vecinos parisinos fue mayúscula, ya que Kabuga era un hombre discreto que salía a pasear a menudo. Recluido primero en la cárcel de La Santé, en París, fue trasladado después a La Haya. En el momento de su arresto había otros seis prófugos considerados sospechosos principales del genocidio ruandés en busca y captura. La muerte de dos de los últimos fugitivos fue confirmada por el TPIR en mayo de 2024. El fiscal del tribunal, el belga Serge Brammertz, recordó en ese momento que quedaban “todavía más de mil genocidas buscados por las autoridades nacionales”. El TPIR cerró sus puertas en 2015. Había sido establecido en 1994 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como también hizo con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), centrado este en la guerra de los Balcanes (1991-2001). El de Ruanda procesó en total a 93 personas, entre empresarios, políticos, militares y funcionarios. También se sentaron en el banquillo de los acusados responsables de medios de comunicación y líderes religiosos. Se dictaron 61 condenas y 14 absoluciones, y hubo más de 3.000 testimonios, según la documentación del TPIR. El tribunal operó fuera de Ruanda para evitar presiones y conflictos y trabajó en tres idiomas: inglés, francés y kinyarwanda, la principal lengua ruandesa. El papel de Francia en el genocidio es un oscuro capítulo de su política exterior. En 2021, el presidente, Emmanuel Macron, admitió “la responsabilidad, aunque no complicidad” en la tragedia. Francia quiso mantener a Ruanda en su área de influencia y apoyó al Gobierno. De ahí que Macron añadiese que “hay una responsabilidad abrumadora en el engranaje que condujo a lo peor”. En 1998, el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, pidió también perdón en nombre de su país, y después hizo lo mismo Bélgica. En 2014, Naciones Unidas reconoció su fracaso durante el genocidio, y el papa Francisco pidió perdón en 2017. Lo hizo, dijo, “por los pecados de la Iglesia y por sus miembros que cedieron al odio”, traicionando su misión evangélica.