Junts se alía con PP y Vox para desmontar la política de vivienda del Gobierno de Illa El partido de Puigdemont respalda la tramitación de una iniciativa de los populares para derogar las “zonas tensionadas” Junts per Catalunya se propone cambiar el rumbo a las políticas de vivienda emprendidas por el Gobierno catalán. De forma inmediata, el partido de Carles Puigdemont negocia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez la adopción de desgravaciones fiscales por la compra o alquiler de viviendas a pesar de las reticencias que estas suscitan en Sumar. Sin embargo, la formación independentista también ha mostrado cuáles son sus intenciones más allá de ese acuerdo tras aliarse en el Congreso de los Diputados con PP y Vox para dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley que, entre otras cosas, contempla la “derogación” de las “zonas tensionadas”. Esa figura, que define los municipios con una demanda elevada, es la clave de bóveda que sostiene las principales medidas desplegadas por el Ejecutivo catalán, como los topes al alquiler, el derecho de compra preferente sobre pisos que salgan al mercdo y la próxima limitación de las compras especulativas. El pasado mes de abril, Junts votó con el PP y Vox aceptar la tramitación de una proposición de los populares para una ley del Suelo después de que el Gobierno haya sido incapaz de aprobar la suya pese al consenso que existe entre el PSOE y el PP sobre las principales reformas necesarias para reactivar la política urbanística municipal. Ese texto elaborado por el partido de Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, va más allá e incluye una disposición derogatoria para eliminar “los aspectos más lesivos” de la ley de vivienda de 2023. En concreto, el texto señala que se propone la supresión de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como las zonas de mercado tensionado, los índices de los alquileres, el control de precios y los instrumentos de apoyo a la inquiocupación”. El alcance de esa disposición es gigantesco: de aprobarse, supondría acabar de un plumazo con toda la arquitectura legislativa en la que se basa la política de vivienda del Govern. Las zonas de mercado son municipios señalados por la Administración por el costoso acceso a la vivienda. En Cataluña hay 271 localidades entre ellas Barcelona y su área metropolitana, que entran dentro de esa definición. En esos municipios la Generalitat puede desplegar un conjunto de medidas de choque lanzadas para intentar paliar la crisis de vivienda. Entre otras actuaciones, de ese precepto cuelgan la definición de gran tenedor, los topes al alquiler, el ejercicio del derecho de compra preferente de un inmueble (el tanteo y retracto), la regulación para alquileres de temporada y viviendas turísticas, el mantenimiento de las calificaciones de viviendas protegidas que debían liberalizarse o los recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas vacías. Además, es también la base para aplicar la limitación de la compra especulativa que el PSC ha pactado con Comunes para aprobar los Presupuestos para este año. Consultadas al respecto, fuentes de Junts reiteraron que el partido no está en ningún bloque en el Congreso e insistieron en que la política de vivienda de los ejecutivos central y autónomico no están dando resultados, por lo que están tratando de que se aprueben sus propuestas. La proposición de ley, además, está en fase de presentación de enmiendas, según fuentes parlamentarias, por lo que Junts aún debe hacer su aportación. A un año de que acabe la legislatura, añaden, las posibilidades de que se apruebe son escasas. Y de que se aplique en este mandato, prácticamente nulas. Pero ese texto indica cuál es la inclinación de Junts en materia de vivienda, que se erige como uno de los grandes asuntos que marcarán la agenda en el año preelectoral por la crisis en el mercado de la vivienda. La diputada de Junts Marta Madrenas defendió su voto denunciando la “visión excesivamente ideologizada” del Gobierno, que a su juicio impulsa sobre todo el “sectarismo de Sumar”. “Está arrastrando al conjunto del Ejecutivo a un modelo basado en limitar, sancionar y sobrerregular”, añadió. El partido de Puigdemont lleva ya tiempo mostrando su desacuerdo con las políticas de vivienda del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona y abogando por intervenir mediante incentivos fiscales y no con límites a la compra y topes al alquiler. “Los socialistas y sus socios que se hacen llamar progresistas evitan explicar datos importantes sobre vivienda. Por ejemplo: en Barcelona, la oferta de alquiler ha caído de manera drástica, hasta un 90% en algunos segmentos desde que se aplican sus políticas. Esto no es contener los precios: es expulsar pisos del mercado y dejar a la gente sin alternativas”, sostenía recientemente la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, a través de su cuenta de la red social X. De hecho, no es la primera vez que la formación cuestiona la existencia de las zonas tensionadas. Ya en diciembre de 2024 el partido elaboró un documento de 25 medidas que recogía una “evaluación anual” de las zonas tensas para “analizar la efectividad de la medida y revertirla, si es necesario”. La medida también ha llegado a los plenos de algunos ayuntamientos. Junts aprobó en Sant Cugat del Vallès, también con los populares y Vox, una moción promovida por los populares en la que se instaba al Gobierno a derogar la ley de Vivienda e instaba a la Generalitat a “revocar y reformular el concepto de área tensionada de vivienda” por “los efectos negativos que esta declaración está produciendo en el mercado local de alquiler y en la disponibilidad de vivienda”.