Cuba: entre el colapso y la transición La isla juega con dos estrategias a la vez: resistir a Estados Unidos y negociar con Estados Unidos. Quiere transmitir que continúa con el legado de la Revolución, pero ante el colapso económico, el desabastecimiento petrolero, las sanciones, el éxodo masivo y las protestas, se ve obligada a usar la diplomacia para evitar un derrumbe total o una intervención directa Resistir al imperio y negociar con el imperio. El Gobierno de Cuba alterna estas dos agendas simultáneas en un momento de incertidumbre e impredictibilidad en el que el futuro de la isla se dirime entre el colapso y la transición. Por medio de la agenda de la resistencia, La Habana transmite continuidad y preservación de los legados de la Revolución Cubana y su máximo líder, Fidel Castro. Por medio de la agenda de la transacción, recurre a otro ángulo del mismo proyecto político, que es el de la administración del desacuerdo bilateral, cuyo antecedente más inmediato fue la negociación diplomática conducida por Barack Obama y Raúl Castro entre 2013 y 2016. En Cuba se entrecruzan las causas y los efectos de una doble crisis. Crisis estructural, con el agotamiento del modelo económico y social adoptado en las últimas décadas en la isla, especialmente desde la alianza estratégica con la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y crisis coyuntural, provocada por la sucesión venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, y el entendimiento energético de Caracas y la Administración de Donald Trump. Con el fin del abastecimiento petrolero desde Venezuela, México y Rusia, la economía cubana ha entrado en una parálisis profunda, en la que se agudizan los indicadores estadísticos en franca caída desde fines de la pasada década. Buena parte de los economistas, sociólogos y demógrafos de la isla y la diáspora (Carmelo Mesa-Lago, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez Villanueva, Pavel Vidal, Mauricio de Miranda, Mayra Espina, Velia Cecilia Bobes, Juan Carlos Albizu-Campos, Ricardo Torres Pérez, Tamarys Bahamonde…) advierte desde hace años del colapso de la isla, no como un escenario futuro sino como una realidad verificable. Desde mucho antes, tal vez desde que se impulsaron reformas en los años noventa, luego de la caída del muro de Berlín, la desintegración de la URSS y los procesos de cambio de régimen en Europa del Este, se ha debatido la transición en Cuba. Autores como Jorge I. Domínguez, Marifeli Pérez-Stable, Eusebio Mujal León, Haroldo Dilla o Rafael Hernández hablaron de muy diversos tipos de transición, desde la que podría producir un nuevo orden democrático hasta las que desembocarían en modalidades autoritarias o postotalitarias. Tres décadas después, el concepto de colapso muestra más fortaleza que el de transición. De acuerdo con los economistas Carmelo Mesa-Lago y Pedro Monreal, el PIB cubano en precios constantes comenzó a caer de manera sostenida desde 2015. En 2016 creció un 0,5%, frente al 4% del año anterior, y luego de una leve recuperación entre 2018 y 2019, se desplomó un -10,9% en 2020. Volvió a recuperarse muy tímidamente al final de la pandemia de covid y, a partir de 2023, empezó a caer sistemáticamente, sin repunte en los últimos años. Los economistas discuten si entre 2025 y 2026 el decrecimiento de la economía oscila entre -9,1 y -15 puntos porcentuales. El académico Ricardo Torres Pérez sostiene que a partir de 2019 la economía cubana se enfrenta a una simultánea disminución de su productividad agraria, industrial, turística y comercial. Todos esos indicadores cayeron a partir del inicio de la década de 2020, especialmente el turismo y la producción agropecuaria. La generación eléctrica, según estos estudios, comenzó a deprimirse como consecuencia del descenso del abastecimiento petrolero venezolano y de la falta de mantenimiento y renovación tecnológica y, en 2024, se produjeron varios apagones masivos. Otro indicador que ilustra la agudización de la crisis cubana, antes de 2026, es el éxodo masivo. Durante la presidencia de Joe Biden, entre 2020 y 2024, la emigración de cubanos a Estados Unidos se disparó. Entre 2021 y 2023, más de 300.000 cubanos ingresaron a territorio estadounidense. El rechazo a ese éxodo, así como al aumento de la llegada de cientos de miles de venezolanos, haitianos y centroamericanos, formaron parte de la campaña del flanco antiinmigrante del Partido Republicano a favor de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El aumento de la emigración de jóvenes cubanos está relacionado con la caída demográfica de la isla, estudiada por el economista Juan Carlos Albizu-Campos. En una serie de ensayos, publicados en los últimos años, este demógrafo argumentó que, en contra de lo reportado oficialmente en Cuba, para 2024 la población de la isla había descendido en un 7%, registrándose poco más de ocho millones de habitantes. El envejecimiento de la población y la caída demográfica de la isla, según el estudioso, poseen un viejo trasfondo histórico, que se remonta a la caída del muro de Berlín e, incluso, al periodo soviético, pero tampoco es ajeno al deterioro más reciente de los indicadores económicos y sociales. Otro de los renglones en los que la nueva crisis coyuntural se superpone a la vieja crisis estructural es el aumento de la pobreza y la desigualdad, estudiada por la economista Tamarys Bahamonde. Ese aumento se refleja con bastante claridad en el retroceso de Cuba dentro del índice de desarrollo humano del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre 2022 y 2024, Cuba habría pasado de los puestos 90 a los 100 en las listas de desarrollo humano que elabora anualmente Naciones Unidas. Las sanciones promovidas por la Administración de Trump, que también ha recurrido a la deportación de cientos de miles de cubanos, han afectado dos de los principales renglones de ingresos de la economía cubana: las remesas y el turismo. En Cuba se produce la paradoja de un Estado que promueve una política exterior resistente a la hegemonía de Washington, pero cuya economía depende de ingresos exógenos, provenientes, sobre todo, de Estados Unidos. De acuerdo con estudios del economista Omar Everleny Pérez Villanueva, entre 2018 y 2024, el turismo cubano cayó en más de un 50%. Antes de la llegada a la presidencia de Joe Biden, Cuba recibía poco menos de cinco millones de turistas al año. Después del regreso de Trump a la Casa Blanca, la afluencia del turismo descendió a menos de dos millones de visitantes por año. Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sostiene que los indicadores macroeconómicos de la isla, que de acuerdo con el PNUD colocaban a Cuba entre los países centroamericanos (Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras) y Haití, habrían descendido a una posición apenas por encima del caso haitiano en el Gran Caribe. Según la Cepal, Cuba estaría atravesando una situación de crisis humanitaria, aunque de características distintas a las de Haití. Otra de las señales del colapso del sistema es el incremento de la contestación pública y, específicamente, de las protestas populares. Un estudio de la socióloga Velia Cecilia Bobes, en Flacso México (la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), describe el aumento de episodios contenciosos a más de 120 al año, a partir de 2021, cuando se produjo el histórico estallido social entre los días 11 y 12 de julio. En los cinco años siguientes, esas manifestaciones de inconformidad se han mantenido e incrementado, hasta llegar a los cacerolazos nocturnos por la caída del sistema eléctrico en la primera mitad de 2026. A la trama de una crisis estructural prolongada y profunda, que en algunos renglones se remonta a la recesión global de 2008-2009 y, en otros, a la pandemia de covid en 2020, se ha sumado la coyuntura especialmente agresiva para la economía y la sociedad cubanas del cerco energético de 2026, que siguió al arresto de Nicolás Maduro y la orden ejecutiva del 29 de enero de este año, que amenaza con aranceles a los países que proporcionen crudo a Cuba. Con esta última, Venezuela interrumpió bruscamente sus envíos de petróleo a la isla, que ya habían disminuido entre 2024 y 2025. En ese último año, México reemplazó a Venezuela como principal proveedor energético a la isla. Sin embargo, la citada orden ejecutiva amenazó a México, Rusia y otros abastecedores de petróleo a Cuba con una aplicación progresiva de aranceles. En 2025, México pudo haber transferido, por medio de contratos con Pemex o ayuda humanitaria a la isla, más de 9.528 barriles diarios, la cifra que oficialmente se maneja para referir el abastecimiento venezolano. Luego de enero de 2026 no ha llegado crudo a Cuba desde Venezuela o México, aunque sí se verificó el arribo de un buque petrolero ruso. El profesor de la Universidad de Texas Jorge Piñó ha calculado que Cuba necesita 100.000 barriles diarios de petróleo para funcionar y que un 40% de esa energía responde a un esquema de autoabastecimiento. La isla requeriría, por tanto, de la importación de unos 60.000 barriles diarios para funcionar en condiciones normales. Hasta ahora, ninguna potencia global o aliado regional ha desafiado la medida de Estados Unidos. En mayo de 2026, la Administración de Trump sumó a aquella otra orden ejecutiva que sanciona directamente al consorcio militar-empresarial GAESA y a la firma MoaNikel, contraparte cubana de la canadiense Sherritt. Tras las sanciones, Sherritt anunció su retiro de operaciones en Cuba, con lo cual se paraliza automáticamente Energas, una generadora eléctrica ubicada en la provincia de Matanzas, adscrita a la empresa canadiense. Frente a esa colosal presión de parte de Estados Unidos, el Gobierno cubano ha respondido de dos maneras. Por un lado, con una campaña de solidaridad con Cuba, en América Latina, Europa y Estados Unidos, a través de sus embajadas y consulados, además de las organizaciones ideológicamente identificadas con el Gobierno cubano. Por el otro, con una oferta de negociación con Washington, conducida con una falta de transparencia o una imprecisión diplomática proporcionales al manejo hermético e incoherente de la propia Administración de Trump. Por la poca información que ha circulado, tras los encuentros de delegaciones de ambos gobiernos en Saint Kitts, durante la última reunión de Caricom, a fines de febrero, y en La Habana, a mediados de abril, el Gobierno cubano ha ofrecido una mayor colaboración en materia de seguridad en el Caribe: combate al narcotráfico, al terrorismo, al lavado de dinero, a la ciberinseguridad y a la emigración irregular. También ha ofrecido apertura de empresas totalmente privadas y oportunidades de inversión y créditos a empresarios cubanoamericanos en áreas como los puertos, la energía, la banca, la agricultura, la minería y el turismo. Esas áreas, que han sido objeto de las sanciones de la Administración de Trump, se perfilan como zonas de alto interés tanto en la presión de Estados Unidos como en la negociación bilateral. Y es en este contexto en el que el Gobierno cubano alterna sus agendas paralelas: la de una resistencia al imperio y la de una transacción con el imperio. La reciente visita del Director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana, y su encuentro con los máximos jefes del Ministerio del Interior de la isla, se inscriben en la necesidad de evitar que la crisis humanitaria se salga de control y amenace la seguridad en el Caribe. La Habana está apostando a la capacidad de Washington para hacer concesiones, con tal de preservar la seguridad en su frontera caribeña. En medio de tanta incertidumbre e impredecibilidad, cualquier pronóstico puede resultar errado. Hay, sin embargo, tendencias predominantes en actores decisivos, que describen escenarios deseados, aunque no más o menos probables. Un escenario deseado por la parte más inmovilista de la clase gobernante es un cambio brusco en la política punitiva de Trump, sea por la pérdida de mayoría legislativa en las elecciones de noviembre, en Estados Unidos, o por un quiebre del cerco energético conseguido por algún rival de Estados Unidos, por ejemplo, Rusia o China. Otro escenario deseado por el ala más reformista del Gobierno cubano sería una negociación exitosa con Estados Unidos. Hasta ahora, ese conato de entendimiento diplomático produce insatisfacción de ambos lados. De seguir creciendo ese umbral de insatisfacción, con un verano en condiciones de fatal precarización de la vida diaria en la isla, como el que dará inicio muy pronto, podría producirse el tercero y más costoso de los escenarios que sería alguna salida violenta a la crisis: un estallido social incontrolable o una intervención militar de Estados Unidos. Lo que sí puede catalogarse de improbable en el corto o medio plazo, porque no figura entre las prioridades de los actores con mayor capacidad de decisión, es una transición democrática en la isla. Un cambio de régimen por la vía democrática requiere de una sociedad civil más sólida e independiente, de una economía menos precaria, de perfiles opositores reconocibles, de mayor soberanía efectiva y, sobre todo, de una voluntad política de cambio que no es constatable en la actual cúpula gobernante. Fuentes Juan Carlos Albizu-Campos, “Cuba: crisis demográfica o sistética”, Horizonte Cubano. Columbia Law School, 2024, Tamarys L. Bahamonde, “Un acercamiento a la pobreza en Cuba”, Horizonte cubano. Columbia Law School, 2025, Velia Cecilia Bobes, Protestas en Cuba. Más allá del 11 de julio, Ciudad de México, Flacso México, 2024. Carmelo Mesa-Lago, The Social Impact of the Economic Crisis in Cuba, Cuban Research Institute, Florida International University, 2023. Ricardo Torres Pérez, “La crisis económica cubana, sus causas y la migración”, Horizonte cubano. Columbia Law School (2025). Rafael Rojas, Breve historia de Cuba, Madrid, Catarata, 2025.