Un pacto de no agresión sobrevuela el juicio de Kitchen El exministro Jorge Fernández Díaz despliega su defensa sin la oposición de su ex número dos, que lo señaló en instrucción. El tribunal se prepara para escuchar más pruebas del espionaje a Bárcenas La sombra de un pacto de no agresión (más bien, de no agresión al exministro Jorge Fernández Díaz) sobrevuela los últimos capítulos del juicio del caso Kitchen. Acabada esta semana los interrogatorios al cerca del centenar de testigos y peritos que han desfilado ante el tribunal de la Audiencia Nacional, la vista oral se adentra ahora en una nueva fase: la reproducción de la prueba documental solicitada por las partes, que incluye varios audios grabados en secreto por el comisario José Manuel Villarejo y la declaración en instrucción del comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, que confesó su participación en la trama de espionaje urdida en 2013 contra el extesorero popular Luis Bárcenas y apuntó hacia el Ministerio del Interior. El juicio, que comenzó el 6 de abril, se prepara así para la recta final. Tras la fase documental, ya solo quedarán los interrogatorios de los 10 imputados que se sientan en el banquillo —que se pueden acoger a su derecho a no declarar o, incluso, a responder solo a aquellas partes que decidan—, la exposición de las conclusiones de las acusaciones y defensas, y el turno de última palabra. Para ello, el tribunal ha reservado estas dos próximas semanas y tres días de junio, cuando prevé dejar el proceso visto para sentencia. Pero, ¿qué claves lo han marcado hasta ahora? ¿Y cuáles quedan por delante? La nueva petición del exministro. El tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, tiene pendiente pronunciarse sobre la nueva petición de Fernández Díaz, ministro del Interior de Mariano Rajoy de 2011 a 2016 y principal acusado. El pasado jueves, su abogado Jesús Mandri reclamó expresamente a los jueces que su cliente declare después de su antigua mano derecha, Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. “Venimos manteniendo que las declaraciones en fase de instrucción de Francisco Martínez y las dos actas notariales son el único o el esencial elemento incriminatorio respecto a Jorge Fernández Díaz. Entendemos que Fernández Díaz se debe poder defender en caso de que Martínez sostenga estas imputaciones en su declaración en el juicio oral”. Con esta petición, la defensa de Jorge Fernández Díaz ahonda en la estrategia desplegada hasta ahora: marcar distancias con el resto de acusados y cortar la línea de puntos que dibujó Martínez en la fase de instrucción, cuando señaló que el ministro estaba al tanto de Kitchen y, para demostrarlo, llevó a dos notarios varios SMS que incluían detalles del operativo y que, según dijo, le envió su jefe en plena trama de espionaje a Bárcenas. Así, ante la posibilidad de que el exsecretario de Estado repita de nuevo esa versión (fuentes de su entorno aseguran que así lo hará, aunque no incidirá en ello), el abogado de Fernández Díaz, que niega ser el autor de esos mensajes, quiere que él tenga la posibilidad de rebatir cada palabra que pronuncie su exnúmero dos. De hecho, para respaldar su tesis, el exministro contrató a un perito informático, que declaró el pasado jueves ante el tribunal y que afirmó que esos SMS contienen “algún tipo de manipulación”. Precisamente, esa declaración permitió ver a las claras ese pacto de no agresión: pese a que el técnico acusó abiertamente a Martínez de mentir y fabricar pruebas, su abogado no le hizo ninguna pregunta para cuestionarlo. Y, más tarde, ante la propuesta del letrado de Jorge Fernández Díaz de declarar después del exsecretario de Estado, también aceptó: “Esta defensa no tiene inconveniente en alterar el orden”, manifestó al tribunal. “Hay que darle al tarro para encontrarlo, macho”. Entre el material que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido reproducir esta semana —y que el ministerio público quiere que solo se escuche en la sala y no se retransmita en directo por el canal que emite la señal del juicio al contener datos personales— se encuentran las grabaciones que guardaba Villarejo de sus charlas con el chófer de Bárcenas, al que captó como confidente para la trama. Las acusaciones consideran que estos audios constituyen una de las grandes pruebas que sostiene el sumario; ya que evidencian que la trama desplegada contra el excontable popular buscaba robarle material “incriminatorio” que aún podía guardar de altos cargos del PP. Por ejemplo, en una de esas grabaciones, que las defensas han tratado de anular, se escucha cómo el comisario Villarejo conversa en octubre de 2013 con el conductor de Bárcenas sobre dos archivos que, según el chófer, el extesorero guarda en su poder dentro de un pendrive y que contienen conversaciones comprometedoras con Mariano Rajoy y Javier Arenas. De forma clara, el policía insta a localizarlas y a hacerse con ellas: “Lo único es que ese tipo de conversaciones en ese pendrive, es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para encontrarlo, macho. Al ser un sitio tan pequeño, lo puede tener cualquiera en cualquier sitio”. Durante su declaración como testigo ante el tribunal, Bárcenas contó que, cuando se encontraba en prisión provisional, la trama le “robó” esas grabaciones, que escondía en un estudio de su mujer, Rosalía Iglesias, al que accedió el comisario García Castaño sin orden judicial. Según añadió el extesorero, el audio de Rajoy demostraba que el presidente del Gobierno estaba al tanto de la caja b del PP, y que incluso se le oía cómo destruía una copia de la última página de la contabilidad paralela. “Eso es absolutamente falso”, le replicó después el exlíder de los populares. Las vigilancias y seguimientos. A estas alturas del juicio, resulta muy complicado poner ya en duda que la Policía Nacional activó una operación para vigilar a Luis Bárcenas y a su entorno a mediados de 2013, cuando el extesorero entró en prisión preventiva. Durante la vista oral, el tribunal ha escuchado a más de una decena de agentes explicar que participaron en ese operativo por órdenes de sus superiores. E, incluso, varios de los acusados han reconocido su existencia durante la fase de instrucción, cuando algunos mandos reconocieron su implicación en la trama; otros (como Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo con Mariano Rajoy) justificaron que se trataba de un despliegue lícito contra un sospechoso de corrupción política; y otros (como Francisco Martínez) alegaron que siempre pensaron que se trataba de un dispositivo policial con amparo legal. Sin embargo, habrá que ver ahora cómo explicitan esas posiciones. Además, las partes ya han exhibido a los magistrados las actas levantadas (con fotografías incluidas) por los funcionarios que siguieron a la familia del excontable del PP, quienes llegaron a instalar una videocámara ante el despacho de su abogado para saber quién acudía allí. “Estuvimos haciendo seguimientos hasta octubre de 2013, que nos detecta Rosalía Iglesias”, precisó el jefe del área especial de seguimientos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que operaba bajo el mando del comisario Enrique García Castaño. “Después, García Castaño nos pide hacer alguna vigilancia en el entorno del edificio del despacho del abogado de Bárcenas [...] Hicimos un archivo y se lo dimos a García Castaño. No sé a quién se lo dio él”, narró este testigo. La Fiscalía asevera que El Gordo solo era una pieza del engranaje y que “transmitía” a sus superiores “la información y documentación” que obtenía.