El Congreso interrumpe la fiesta de Vito Quiles La expulsión de los agitadores ultras culmina una larga batalla de los periodistas para vencer el recelo inicial de los políticos Los leones de las Cortes lo han visto casi todo. Y aun así la escena del 26 de febrero de 2025 resultó insólita. Unos 70 periodistas que trabajan en el palacio de la Carrera de San Jerónimo se subieron a la escalinata de la solemne entrada principal portando cada uno un cartel: “Señalar no es periodismo”. Allí estaban redactores de los principales medios de comunicación —periódicos clásicos y nativos digitales, agencias de noticias, cadenas de radio y televisión— que abarcaban las más variadas tendencias editoriales: de EL PAÍS a El Mundo, de eldiario.es a Abc, de la SER a Antena 3. Fue la expresión de hartazgo por las actitudes de agitadores ultras que, en el rabioso clima social pospandemia, irrumpieron en las Cortes amparados en una credencial de prensa. Esos sedicentes periodistas interrumpían con malos modos las preguntas de los demás, saboteaban a gritos las ruedas de prensa y hostigaban y señalaban en las redes sociales a periodistas de verdad por recriminarles su desprecio a las normas de conducta de la Cámara. El pasado viernes, Javier Negre, creador de EDATV, uno de esos altavoces de la extrema derecha nacidos en pleno confinamiento, reprodujo en X la foto de la escalinata. Dos días antes, la Mesa del Congreso había suspendido cautelarmente la acreditación de su discípulo Vito Zoppellari Quiles. Los de la foto eran presentados como “periodistas/activistas al servicio de Moncloa”. Y señalados como culpables de expulsar a Quiles “por hacer preguntas incómodas”. Tal vez inspirado por sus recientes correrías en Washington al cobijo de la corte trumpista, Negre —condenado judicialmente por inventarse una entrevista con los padres de una chica víctima de maltrato— concluía con una advertencia en inglés: “Never forget” (nunca olvidaremos). Ese es el relato que se ha instalado en no pocos sectores sociales, con el apoyo de opinadores y políticos de la derecha. Un veterano diputado popular como Rafael Hernando sostiene que Quiles y el otro sancionado, Bertrand Ndongo, han sido víctimas de un “atentado a la libertad de expresión” por “hacer preguntas que no gustan a la izquierda”. “Ni los echan por su ideología ni por las preguntas que hacen. Los echan por no respetar las normas de decoro y comportamiento institucional”, expone Fernando Garea, adjunto al director de El Español y con tres décadas cubriendo información parlamentaria para algunos de los principales diarios de la capital. Garea destaca que la iniciativa no partió de ningún grupo político sino de “un movimiento transversal de periodistas pertenecientes a medios de derechas y de izquierdas”. Las “preguntas incómodas” a los diputados —sobre escándalos que les salpican, decisiones controvertidas, tensiones internas en sus partidos…— se las formulan a diario reporteros de medios de muy distinto pelaje. Con buenas formas, eso sí. Días antes de la foto de la escalinata, la paciencia se había desbordado por el acoso a una reportera. Tras una discusión con Ndongo, acreditado por Periodista Digital, este la atacó en sus redes. Y delante de varios compañeros, Quiles la avisó: “Como yo entre, te vas a cagar”. En los días siguientes la atormentaron con un vendaval de mensajes vejatorios, imágenes sexuales incluidas. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), con el apoyo de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), comenzó las denuncias en la pasada legislatura. Pero los responsables del Congreso alegaban dificultades legales. Pesaba la decisión del Tribunal Supremo de revocar en 2019 la retirada de la acreditación a un representante de OkDiario que se había colado y tomado imágenes sin autorización en los despachos de Pablo Iglesias e Irene Montero. “Hicimos numerosos comunicados y manifiestos”, recuerda Anabel Díez, presidenta de la APP y cuatro décadas cubriendo el Congreso, en su mayoría para este diario. “La iniciativa siempre partió de los periodistas, pero no se actuó hasta que los políticos no empezaron a verse afectados, con mucha más intensidad en esta legislatura. Y ha sido decisivo el empuje de la actual presidenta, Francina Armengol”. Tras meses de consultas a los grupos, a los servicios jurídicos y a los representantes profesionales, se ideó la fórmula: una reforma del Reglamento para fijar una tipificación de faltas por incumplimiento de las normas y con la consiguiente escala de sanciones según su gravedad. El pleno de la Cámara lo aprobó el 22 de julio de 2025 con el voto contrario de PP, Vox y UPN. Los populares, empezando por su líder, Alberto Núñez Feijóo, insisten en reconocer a estos agitadores la condición de periodistas, en contra del criterio de los organismos profesionales. “No son periodistas porque no hacen información parlamentaria”, explica Díez. “No siguen el trámite de una ley, no cubren un debate. Vienen de casa con unos titulares a modo de preguntas, que no son tales, solo para provocar una reacción y difundirla en sus redes. Lo que hacen es truncar el derecho a la información de los demás”. “Son provocadores, agitadores, creadores de contenido... Pero lo que hacen no es periodismo”, conviene Garea. “Sin un respeto a las personas y a las normas deontológicas no hay periodismo. Me preocupa mucho que sobre todo la gente joven piense que todo lo que sale en las redes es periodismo”. En el caso de Quiles, quedan pocas dudas de su actividad estrictamente política: participó en el mitin de cierre de la campaña del PP en las pasadas elecciones aragonesas y fue candidato a las europeas por Se Acabó la Fiesta, el grupo ultra de Alvise Pérez. PP y Vox también han boicoteado el Consejo Consultivo de Comunicación, un organismo creado para examinar las denuncias y en el que tienen asiento los servicios jurídicos, funcionarios, grupos parlamentarios y entidades profesionales. El proceso es muy garantista, con largos periodos para que los afectados puedan alegar. Tanto es así que las primeras quejas se presentaron a finales de 2025 y están pendientes de resolución tras decidir la Mesa el pasado miércoles la retirada cautelar de las acreditaciones, amparándose en la ley de procedimiento administrativo, “ante el aumento exponencial de las denuncias”. En las dos últimas semanas se contabilizaron cuatro, una de ellas contra Ndongo por insultar a una diputada de Sumar. En los meses anteriores, Quiles acumulaba nueve más, presentadas por la APP o por distintos grupos parlamentarios, siete de ellas por realizar grabaciones cuando carece de autorización para ello y dos por interrumpir ruedas de prensa. Por ese mismo motivo, Ndongo arrastraba dos, a las que se han sumado las otras dos de estos días. Esos expedientes deberán resolverse en las próximas semanas mientras se mantiene la suspensión cautelar. Una acumulación de sanciones desembocaría en la expulsión definitiva. Los dos agitadores ya han anunciado que recurrirán ante el Supremo una decisión que la FAPE considera “una victoria de la profesión”. En su asamblea general celebrada este fin de semana en Santiago, la entidad, que agrupa a 49 organizaciones de periodistas y otras 19 vinculadas, aprobó una declaración en la que insiste en que las actuaciones de Quiles y Ndongo “respondían a intereses más próximos a la confrontación partidista que al ejercicio del periodismo”. El manifiesto incluye un lamento: que haya grupos políticos que los apoyen.