El gobierno capitalino deberá reponer el proceso para decidir lo referente al Plan General de Desarrollo Domingo 17 de mayo de 2026, p. 27 El pueblo de San Gregorio Atlapulco obtuvo la suspensión provisional contra la consulta que se hizo para el Plan General de Desarrollo (PGD), por lo cual el Gobierno de la Ciudad México deberá garantizar la participación del pueblo originario. Sin embargo, en la resolución de la jueza decimoséptima de distrito en materia administrativa se detalla que no se puede conceder la reposición del proceso como el poblado lo solicitó en el amparo interpuesto, porque a pesar de que argumentan que hubo violaciones al derecho a la consulta, la “paralización implicaría privar a la colectividad de los beneficios derivados de la implementación de dicho programa”. El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac, cuyos integrantes buscaron el cobijo de la justicia federal, celebró que haya una primera resolución favorable para proteger el derecho a la consulta. El 7 de mayo, las comunidades indígenas y originarias que lo conforman se ampararon en busca de la anulación de la consulta y la reposición del proceso al acusar que el Instituto de Planeación tuvo omisiones para garantizar, en todas sus etapas, dimensiones y elementos el derecho que tienen los pueblos. Al dar la primera resolución favorable, los habitantes de San Gregorio lograron que el citado proceso entre en análisis y procedencia por parte la autoridad competente, que en este caso es el Instituto de Planeación, que estuvo a cargo de la participación ciudadana. Ante esto, la agrupación presentó ante el citado juzgado una queja para que se conceda el amparo en los términos solicitados y se dé una suspensión definitiva que permita a las comunidades decidir sobre su territorio. La demanda de los pueblos y barrios es detener el proceso del PGD hasta que se garantice la consulta de las comunidades sin ninguna intervención, respetando su derecho a decidir en asambleas. Los activistas advirtieron que mantendrán sus movilizaciones y acciones de protesta, incluso durante en el Mundial, si la administración de Clara Brugada no respeta sus derechos.