Domingo 17 de mayo de 2026, p. 7 Frente a la elección del año próximo, no sólo es indispensable posponer la contienda del Poder Judicial, sino también corregir asuntos esenciales, como la evaluación de los aspirantes a juzgadores, advirtió Felipe de la Mata, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para continuar en la ruta para obtener una candidatura, la reforma constitucional de 2024 sólo incluyó el requisito académico consistente en tener al menos 8.0 de promedio en licenciatura en derecho y 9.0 para magistraturas de circuito. Esa circunstancia metió en un dilema tanto al Instituto Nacional Electoral como al TEPJF, porque consejeros y magistrados no se ponían de acuerdo en las materias a considerar para cada especialidad, sobre todo porque los aspirantes proceden de universidades con planes de estudio diversos. El magistrado recalcó que la reforma judicial estuvo mal hecha y, de continuar en los términos actuales, el año próximo habrá una tormenta. Agregó que son dos elecciones jurídicamente distintas y no se pueden utilizar los mismos materiales y espacios, ni siquiera las mismas casillas, por la sencilla razón de que una es con partidos políticos y otra es sin estos: “No se puede, punto. Tienen que ser espacios totalmente distintos”. Segundo, la elección de 2025 fue la de mayor cantidad de boletas en la historia de México (600 millones impresas): “Talleres Gráficos de México nos dijo que ese volumen era prácticamente imposible con los mismos estándares de seguridad que en 2024, por lo que fueron reducidos algunos elementos de seguridad. Por tanto, si se juntan las dos elecciones, estaríamos hablando de mil millones de boletas”. También preguntó: “¿de verdad vamos a seguir manteniendo un esquema donde no existe un examen para los participantes?” Uno de los grandes defectos de la reforma de 2024, añadió, es que no se definió examen para los candidatos. Propuso la integración de una comisión redactora integrada por magistrados de los órganos superiores del Poder Judicial y que la prueba sea aplicada y evaluada por la escuela de formación judicial, es decir, pesos y contrapesos, la fórmula constitucional que siempre ha funcionado. “Que este proceso se haga en 2027 y en 2028 se presenten los exámenes, para que se evidencie que los electos sean democráticamente, pero también que tengan conocimientos jurídicos básicos”. Aseguró que el esquema actual, basado sólo en calificaciones, es absurdo. “Ocho de promedio no dice nada de nadie en la vida. Tengo casos de personas que conozco que en la licenciatura obtuvieron 7.9 y luego se volvieron excelentes jueces. Y nadie sabe cuáles son las ‘materias afines’ para especialidad. Se tiene que repensar el sistema”. El megaproceso Para todas las elecciones programadas para el año próximo, el INE calcula que se tendrían que instalar 353 mil 482 casillas. La dimensión del proceso 2026-2027 –cuyos preparativos comienzan la primera semana de septiembre y concluyen en agosto del siguiente año– se muestra con los siguientes datos: a escala federal se renovarán los 500 asientos de la Cámara de Diputados; en 17 estados se eligirá gubernatura y en 31 se renovarán los congresos (es decir, habrá que elegir a diputados locales), mientras en 30 se renovarán presidencias municipales o alcaldías (en el caso de la Ciudad de México), entre otros cargos. Por ejemplo, en cuatro entidades se nombrará a los integrantes de juntas municipales, sindicaturas, regidurías y presidencias comunitarias. Además, en 11 estados habrá votación parcial para el Poder Judicial, pues una parte ya se eligió en 2025, y en 13 la elección de juzgadores será total. A escala federal serán elegidas cinco magistraturas del TEPJF, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito.