Gobierno de Chile Impulsa proyecto de ley sobre expulsiones administrativas Ministra de Salud, “preocupada”, promete defender derechos de los pacientes Domingo 17 de mayo de 2026, p. 20 Santiago. El gobierno de José Antonio Kast, presidente ultraderechista de Chile, pretende que los servicios básicos como jardines infantiles, escuelas, hospitales y consultorios de urgencias delaten y eventualmente nieguen prestación de servicios a los extranjeros que acuden a ellos y no puedan probar que están en condición migratoria regular. Según se conoció, el Ejecutivo sumará un artículo al proyecto de ley que cambia el procedimiento de expulsiones administrativas, forzando a entidades públicas y privadas a entregar antecedentes de migrantes irregulares, como domicilio, teléfono o correo electrónico. Al preguntarle sobre aquello, Kast justificó la medida diciendo que “los gobiernos entregan muchas prestaciones y eso se debe ir ordenando, y la única manera de hacerlo es saber quiénes utilizan los servicios públicos”. Críticas a la propuesta La intención del ultraconservador levantó inmediatas críticas y suspicacias, incluso dentro de su gobierno, como la ministra de Salud, Ximena Chomali, quien aseveró que “nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación”. “No podemos desde el Ministerio de Salud informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria. Eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente”, afirmó. “No podemos desde Salud negar una atención, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población”, sostuvo. También el Colegio Médico y diversas organizaciones rechazaron la delación, y señalaron que la iniciativa vulnera el derecho a la salud y crea barreras de acceso, temor en poblaciones vulnerables y atenta contra los convenios de derechos humanos. “Atenta directamente al derecho de salud de las personas, que hoy día pueden estar en situación de vulnerabilidad y con determinantes sociales o condicionantes de la salud que los ponen en una situación de mayor necesidad”, declaró su presidenta, Anamaría Arriagada. Las personas extranjeras, independientemente de su condición migratoria, “son sujetos de derechos y nosotros tenemos que ser garantes de esos derechos”, afirmó. Arriagada advirtió que no tratar a los migrantes implica que “se cae la salud pública nuestra también. Nosotros tenemos que vacunar, educar, proteger los partos, porque eso se traduce en un país más sano”. Kast ganó la presidencia con un discurso antimigrantes, prometiendo que expulsaría desde el primer día de su gobierno a 330 mil de ellos en situación irregular, mayoritariamente venezolanos, discurso que ha morigerado, y ahora dice que era “una metáfora”. Desde que asumió el cargo hace dos meses –el 11 de marzo–, sólo se realizaron dos vuelos de repatriación con 80 personas de nacionalidades boliviana, colombiana y ecuatoriana, si bien según el gobierno hubo 580 expulsiones “administrativas”. Pero entre los expulsados no hubo de nacionalidad venezolana, porque Santiago y Caracas no tienen relaciones diplomáticas a ningún nivel desde 2024, cuando el entonces presidente Nicolás Maduro las dinamitó, por tanto, es imposible tramitar cuestiones administrativas como pasaportes o permiso de sobrevuelo y aterrizaje.