os ex funcionarios del gobierno de Sinaloa y ex colaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya –el general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, así como el ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega– se han entregado a las autoridades estadunidenses para enfrentar las acusaciones de vínculos con el crimen organizado presentadas el pasado 27 de abril, cuando también se señaló a Rocha Moya y a otras siete personas que trabajaron en su administración. Aunque se habrían puesto en manos del sistema judicial hace varios días, los hechos se dieron a conocer apenas el viernes, y ayer Mérida compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la cual libró todas las órdenes de captura. La culpabilidad o inocencia de los imputados deberá probarse en el tribunal, pero vale recordar que las solicitudes de detención presentadas por los fiscales de Estados Unidos a sus pares mexicanos no se acompañaron de ninguna prueba. En estos momentos, todo el despliegue judicial, diplomático y mediático tiene la apariencia de una operación orquestada para desestabilizar al gobierno mexicano y avanzar en los designios neocoloniales que el presidente Donald Trump y su gabinete han expresado de forma abierta. Por principio de cuentas, es imposible desligar las acusaciones del incidente ocurrido sólo una semana antes, el domingo 19 de abril, cuando dos agentes de la CIA, infiltrados como falsos funcionarios de la embajada de Washington en nuestro país, murieron en un percance vehicular tras participar en un operativo con elementos de la fiscalía del estado de Chihuahua. El desafortunado suceso puso al descubierto que el gobierno de la entidad, encabezado por la panista María Eugenia Campos, montó una base de operaciones ilegal para espías de esa agencia, así como de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otras. También deben ubicarse en el contexto de las amenazas del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien declaró ante la Cámara de Representantes que “el gobierno de Estados Unidos espera que el de México dé un paso al frente (en el combate) para que nosotros no tengamos que hacerlo”, y del jefe de la DEA, Terry Cole, quien fue más allá al advertir ante el Senado que la reciente acusación contra Rocha Moya “es sólo el comienzo” de futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles. Ante todo, han de leerse a la luz de la directriz del subprocurador general adjunto del Departamento de Justicia, Aakash Singh, para acusar a funcionarios mexicanos de brindar apoyo material a organizaciones terroristas. Durante una teleconferencia interna con fiscales de las oficinas regionales, Singh aseveró que “si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”; “si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la guinda del pastel para nosotros”. Es necesario remarcarlo: la etiqueta de “narcoterrorista” no tiene nada que ver con una supuesta “estrategia agresiva” de combate al narcotráfico, por el elemental motivo de que no hay relación alguna entre el uso de la violencia y la intimidación para alcanzar objetivos políticos e ideológicos (esto es, el terrorismo), y la producción, transporte internacional, distribución y comercialización de sustancias ilícitas con fines de lucro. Los esfuerzos para confundir estos fenómenos tan nocivos como distintos entre sí no son inocentes: se inscriben en el mismo patrón que ha definido a la “guerra contra las drogas” desde su lanzamiento por el ex presidente Richard Nixon (1969-1974), es decir, en el uso del narcotráfico como pretexto para mantener a América Latina bajo ocupación militar estadunidense, deshacerse de gobiernos que rechazan el imperialismo y aceitar su industria armamentística impulsando ventas de todo tipo de máquinas de muerte que la región no necesita y cuyo costo ha sido un pesado lastre para el desarrollo. Con todos estos elementos de juicio, parece prudente revisar las formas de colaboración en materia de seguridad con Washington, pues resulta contraproducente sostener intercambios de inteligencia con una contraparte desentendida de la resolución de los problemas compartidos y centrada en una descarada agenda intervencionista. Como el propio trumpismo muestra una y otra vez, continuar la cooperación con los funcionarios estadunidenses actuales supone un peligro para la soberanía y la paz en México.