El programa de auxiliares de conversación en colegios se salva tras el conflicto entre el Gobierno y algunas autonomías Educación confirma la prolongación del proyecto por el que este curso llegaron a España 6.028 asistentes de idiomas que permiten a niños y adolescentes interactuar con nativos de otros países El desconcierto ha reinado en los centros educativos españoles en las últimas semanas. Tradicionalmente, el proceso de renovación del programa de auxiliares de conversación en idiomas extranjeros —formado por jóvenes de más de 30 nacionalidades— tiene lugar entre febrero y abril. Sin embargo, este año, el Ministerio de Educación no puso en marcha el trámite de solicitud oficial ni confirmó en esas fechas la prolongación del proyecto, y las plazas para el nuevo curso académico estaban en el aire, lo que ha dejado a familias, docentes y estudiantes en vilo, especialmente a los colegios e institutos vinculados a programas bilingües. En muchas ocasiones, los auxiliares son la única oportunidad para que muchos niños y adolescentes interactúen con una persona nativa de otros países. El motivo del bloqueo se debía a las inspecciones que el Ministerio de Trabajo empezó a llevar a cabo y que derivaron en sanciones a algunas autonomías al considerar que los jóvenes extranjeros que ocupaban esos puestos debían tener contrato laboral en el régimen de la Seguridad Social, cuando se definían como participantes en un intercambio cultural. Ante este panorama, varias comunidades denunciaron inseguridad jurídica y su predisposición a abandonar el proyecto. Pero fuentes del Ministerio de Educación han adelantado a EL PAÍS que han estado trabajando con el departamento de Yolanda Díaz en un “nuevo texto de convocatoria para el curso 2026-2027 que mantiene la esencia y finalidad del programa”, lo que confirma la continuidad del proyecto. Según dicen las fuentes de Educación, en el texto queda garantizado de manera expresa el carácter no laboral de los auxiliares de conversación, dando respuesta a las inquietudes manifestadas por la Inspección de Trabajo. Además, define las actividades propias de los participantes, que se enmarcan en el objetivo de proporcionar un conocimiento intercultural e internacional y enriquecer la experiencia educativa en los centros españoles. También incluye un anexo con las actividades que no podrán realizar en ningún caso: las correspondientes a una relación laboral y las propias y exclusivas del profesorado. La convocatoria, indican, se ha firmado tras una reunión del grupo de trabajo entre los gestores del Ministerio y los del programa en las autonomías. Ya se ha publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, cuyo extracto constará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. El apartado 11 de ese documento contempla una formación inicial a través de unas jornadas, cuyos gastos serán asumidos por el Ministerio de Educación. Las comunidades participantes en el programa realizarán, además, jornadas informativas. Fuentes del departamento de la ministra Milagros Tolón insisten en que el informe de la Abogacía del Estado, de 2025, concluye que no existe relación laboral entre los auxiliares de conversación y la Administración. Ese documento señala que la selección de estas personas nativas no responde a un procedimiento de selección de personal, sino a una convocatoria de subvenciones. La función de los auxiliares de conversación para idiomas extranjeros en España ―6.028 el presente curso― es asistir en las prácticas de conversación en otro idioma, siempre bajo la supervisión de un profesor titular. Llegaron por primera vez a España en 1936 y continúa su presencia gracias a acuerdos internacionales entre más de 30 países. Percibirán, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Educación, el abono de una asignación mensual, en concepto de ayuda para la dieta de manutención y alojamiento por importe de 800 euros. Las comunidades decidirán si se adhieren Las comunidades también aportan financiación. La cuantía económica no tiene carácter salarial ni supone una compensación a cambio de servicios prestados, sino que se trata de una subvención. Una vez publicada la convocatoria, las regiones deberán comunicar su decisión de sumarse a esta convocatoria y en qué modalidad, especificando el número de plazas que solicitan, bien únicamente las del cupo del Ministerio o también las de su propio territorio. En el presente curso escolar, Andalucía prescindió de sus 1.806 auxiliares de conversación, que desde hace dos décadas ayudaban a unos 300.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Internacional a aprender idiomas. La pasada primavera, la Inspección de Trabajo de Sevilla propuso una sanción a esta comunidad de cinco millones de euros por una posible infracción “muy grave en materia de extranjería” por no considerar a estos jóvenes como trabajadores y evitar la cotización a la Seguridad Social. El Gobierno autonómico alegó que la Administración del Estado es la única competente para configurar el programa y la que selecciona a los auxiliares que compiten para venir a España ocho meses con una ayuda económica y seguro médico, durante un máximo de tres años. Antes, un juzgado de Granada condenó a la Junta de Andalucía a pagar más de 438.000 euros por las cotizaciones impagadas de 125 auxiliares entre 2018 y 2021, al valorar que tenían una relación laboral. La sentencia, recurrida por la Junta, abrió la vía a nuevas reclamaciones por salarios, vacaciones o despidos. Llegó después de otro caso judicial iniciado por una auxiliar que reclamó a la justicia su diferencia salarial. El Juzgado de lo Social 1 de Granada le dio la razón al considerar que los auxiliares de conversación “normalmente no actúan como meros ayudantes”, sino que “dirigen las clases”. Tras la sentencia, la Inspección de Trabajo entrevistó a los 125 auxiliares y concluyó que estos mantenían una relación laboral con la Junta de Andalucía. Aragón recibió una sanción de 199.000 euros en la provincia de Teruel por la actuación del cupo de auxiliares de conversaciones, cuya financiación corresponde a esta región. Pero el Ejecutivo autonómico ha logrado que se anule. El subdelegado del Gobierno en Teruel ha estimado su recurso y ha dejado sin efecto la resolución. En abril, el secretario general técnico de la Consellería de Educación de Galicia, Manuel Vila, reiteró la advertencia de que la continuidad del programa de auxiliares de conversación corría cada vez más peligro. “Más aún después de que el Ministerio de Trabajo haya impuesto multas de casi 25 millones a la Comunidad Valenciana y a Andalucía”, según consta por escrito en la página web de la Xunta. Entonces, decía que, por plazos, “ya no daría tiempo a comenzar el programa con normalidad, ni aunque por fin se pusieran de acuerdo ambas partes del Gobierno”. En esta región hay abierta una inspección en la provincia de A Coruña. “De no resolverse este escenario de manera inminente y con todas las garantías, Moncloa aboca a Galicia a prescindir de este programa”, advertían fuentes autonómicas. Caos en los centros educativos La Consejería de Educación madrileña ha comunicado este jueves a este diario que estaba a la espera de que el ministerio sacase su convocatoria anual para definir las características de este programa de cara al próximo curso 2026/27. “Desde UGT tenemos claro que como es el programa estrella de la Comunidad de Madrid, aunque tiene muchas deficiencias, terminarán poniéndolo en marcha”, comenta Chema Pinto, responsable del sindicato de Enseñanza Pública. Sin embargo, la tensión entre auxiliares de conversación y docentes crecía por momentos, sobre todo después de que a finales de abril el Council on International Educational Exchange ―que actúa como un intermediario privado internacional dentro del proyecto― comunicase que ante la falta de confirmación sobre el proceso de renovación, suspendía el programa CIEE Teach in Spain en la capital. “Supusimos que algo iba mal, pero nadie nos decía nada más sobre lo que estaba pasando. Algunas personas tenían toda la intención de renovar y, debido a la tardanza en la respuesta del Gobierno, ya empezaron a intentar encontrar un trabajo en su país o en España para poder quedarse un año más”, dice Angelo Tassone, auxiliar de conversación en dos centros públicos de Boadilla del Monte. “Si nos exigieran obtener un visado de trabajo, el proceso sería mucho más complicado”, expresa. Tilda de caótica la situación generada, pero reconoce estar muy contento con las condiciones que tiene este curso: “Trabajamos unas 20 horas a la semana y recibimos 1.000 euros al mes. Mis coordinadores son increíbles”. La presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, Rosa Rocha, reconoce que había solicitado una reunión con la Dirección General de Bilingüismo para saber si se había alcanzado algún acuerdo. “Nos parecía un asunto muy grave. Uno de los pilares del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid son los auxiliares de conversación. Gracias a ellos, los alumnos desarrollan muchísimo mejor sus capacidades lingüísticas”, expresa. Valora de forma muy positiva la posibilidad de renovación en los centros durante varios años al considerar que es la forma de consolidar el proyecto y conseguir una mejora real en los resultados. La preocupación de Rocha no es un caso aislado. La secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid, Aida San Millán, señala que la inquietud reina en la mayoría de centros educativos: “Sin los auxiliares no funciona el programa bilingüe. Los maestros estamos desbordados, no podemos asumir su función”, indica.